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05-08-1975 LOS TRES DECRETOS DE ANIQUILAMIENTO DE LA SUBVERSIÓN LLEVARON LAS FIRMAS DE: ITALO ARGENTINO LUDER, ARAUZ CASTEX, VOTTERO,
CARLOS ROUCKAUF, EMERY, ANTONIO CAFIERO Y ROBLEDO. ¿TODOS ELLOS ERAN IGNORANTES, ESTÚPIDOS...O CRIMINALES?. LA TRIPLE A ESTABA EN SU APOGEO CUANDO LOS TRES DECRETOS PARA EXTERMINAR LA SUBVERSIÓN FUERON FIRMADOS POR TODO EL GABINETE Y RATIFICADOS POR EL CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA, EL 29 DE OCTUBRE DE 1975.-- |
Nadie
dijo nada y los decretos quedaron aprobados por todo el Gabinete. El
primero de ellos, el número 2770, creaba dos Consejos:* El Consejo de
Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los
ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la
lucha contra la subversión”.
* El Consejo de Defensa,
presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que era el que más le interesaba a
los militares por sus funciones: “conducir la lucha contra todos los
aspectos y acciones de la subversión”; “planear y conducir el empleo de
las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales”;
“coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales la
ejecución de medidas de interés”; y “asesorar al Presidente”.
El decreto 2771 disponía que el ministerio del Interior firmara
convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio
penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de
Defensa. Esos acuerdos fueron rubricados al día siguiente. El secretario
Técnico de la Presidencia, Julio González, asegura que el gobernador de
La Rioja, Carlos Menem, “tomó presuroso la palabra y dijo: ‘Yo quiero
tener la satisfacción de ser el primero en firmar el acta’. Y lo hizo”.
Por último, el decreto 2772 ordenó a las Fuerzas Armadas, “bajo el
Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través
del Consejo de Defensa”, la ejecución de “las operaciones militares y
de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de
los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
El
martes 7 de octubre, el embajador estadounidense Robert Hill informó a
su gobierno en un cable reservado que “luego de casi dieciocho meses de
respaldos y rellenos no concluyentes, el gobierno finalmente estableció
un enfoque unificado para manejar el problema subversivo”. Tres días
después, en otro cable reservado, Hill analizó el decreto 2772 y
concluyó: “Las Fuerzas Armadas tienen ahora la autoridad que han buscado
durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los terroristas, la
cual hasta este momento ha sido en gran medida manejada (o mal manejada)
por la Policía Federal”.
Encandilado por la urgencia política
de terminar con el desafío de los grupos armados que le disputaban “el
monopolio de la violencia legítima” y lo ponían en jaque, el gobierno
peronista no quiso, no supo o, simplemente, no pudo controlar que los
militares lucharan contra la guerrilla dentro del estado de derecho, que
seguía vigente.
Luder se basó en el Decreto Nº 261, secreto,
del 5 de febrero de aquel año, firmado por Isabel y sus ministros, que
había delegado en las Fuerzas Armadas la lucha contra la guerrilla en
Tucumán, donde el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trotskista,
quería crear una “zona liberada”.
Carlos Ruckauf era el
ministro de Trabajo y es uno de los pocos sobrevivientes de aquel
Gabinete, junto con Antonio Cafiero: “Luder dijo que había que ampliar
el área de influencia de las Fuerzas Armadas a todo el país y que iban a
enviarse esos decretos de inmediato al Congreso, y que se iban a
mandar, además, dos proyectos de ley que explicaban la forma de aplicar
los decretos y el mecanismo de control que iba a haber por parte del
poder político sobre las fuerzas militares, que obviamente nunca se
ejecutó: los tipos hacían lo que querían e inclusive detenían a
compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba”, explicó.
Los tres decretos fueron ratificados por el Congreso el 29 de octubre.
